El movimiento BDS ha solicitado la cancelación de la actuación del grupo de danza y percusión Mayumana en la inauguración de la Fira de Xátiva.
La compañía ha anunciado que presentará una demanda contra el colectivo por decir que son «cómplices del apartheid»
Prensa :
El gobierno de Compromís y PSOE que preside Joan Ribó ha declinado seguir apelando y asume su condena por antisemitismo tras la desestimación de la apelación interpuesta por el Ayuntamiento en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Valencia.
La justicia condenó al Ayuntamiento tras aprobar en 2018 una moción contra el estado de Israel que pedía el boicot contra esta nación y no contratar con empresas y personas israelíes.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha tumbado el recurso de apelación del Ayuntamiento de Valencia a la sentencia que anulaba su boicot a Israel , al confirmar que «conculca el principio de igualdad en la contratación administrativa en la medida en que introduce o pretende introducir criterios ideológicos en la selección de los contratistas».
El día 31 de mayo de 2018 el Pleno del Ayuntamiento de Valencia, con los votos favorables de Compromís, PSPV-PSOE y Podemos , y el voto contrario del Partido Popular y Ciudadanos, aprobó la adhesión de la ciudad a la red «Municipio libre del apartheid israelí».
La Campaña Internacional de Boicot, Desinversión y Sanciones a Israel, BDS/BDZ de Bizkaia, ha realizado una protesta frente al Teatro Arriaga de Bilbao
Un juzgado de Valencia investiga por coacción, amenazas e incitación al odio a ocho activistas del movimiento BDS País Valenciá por promover en agosto de 2015 una campaña en las redes sociales contra la actuación del cantante estadounidense Matisyahu invitado por el festival Rototom en Castellón.
La campaña contra la actuación del cantante de origen judío se centró en obligar al artista a posicionarse en el conflicto palestino-israelí como condición a permitir su actuación, requisito no requerido al resto de los artistas invitados al festival.
Los acusados se enfrentan a penas de cuatro años de prisión.
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