El logotipo del Gobierno de Cataluña aparece en el folleto de la campaña implementada desde el Ayuntamiento de Barcelona que llama a romper el hermanamiento entre Barcelona y Tel Aviv.
Para canalizar e impulsar la campaña se creó el portal stopapartheid.cat.
El día 9 de noviembre aparece una campaña patrocinada por los partidos políticos Barcelona en Comú (el que gobierna la ciudad con la alcaldesa Ada Colau al frente) y la CUP para que la ciudad rompa el hermanamiento que firmó en 1998 con Tel Aviv.
El Tribunal Supremo (TS) ha establecido que el Ayuntamiento cántabro de Reinosa hace “discriminación de terceros” y vulnera “derechos fundamentales” si se declara “espacio libre de apartheid israelí” y decide boicotear la contratación de empresas de Israel alegando que este país incumple el Derecho Internacional por su conflicto con Palestina.
El alto tribunal ha respaldado anular cuatro puntos del acuerdo alcanzado por el Consistorio de Reinosa en un pleno de julio de 2016.
El martes 4 de octubre el pleno del Congreso de los Diputados aprobó la toma en consideración de la proposición de ley impulsada por el PP en la Asamblea de Madrid para impedir que empresas y asociaciones sospechosas de incurrir en acciones antisemitas, pue dan recibir dinero público, sea por contratos o por subvenciones.
El Tribunal Supremo considera que los acuerdos de ayuntamientos para no suscribir convenios con instituciones israelíes ni contratar con empresas vinculadas con este país son discriminatorios y vulneran derechos fundamentales.
La Sala de lo Contencioso Administrativo ha fijado este criterio tras analizar el caso concreto de Ayuntamiento de Reinosa (Cantabria) que el 7 de julio de 2016 aprobó un acuerdo en el que se sumaba al movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones contra Israel (BDS) anunciando medidas concretas respecto a la relación hacia empresas e instituciones de este país.
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