Visto para sentencia juicio contra Pedro Varela

 

 

 

 

 

 

 

 

El juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Málaga contra Pedro Varela ha quedado visto para sentencia.

El fiscal ha pedido que el procesado sea condenado a tres años y medio de prisión por un delito continuado de provocación al odio y a la discriminación, mientras que su defensa ha pedido la libre absolución.

Durante el juicio, Pedro Valera, un “referente” para el nacionalsocialismo en España y uno de sus principales ideólogos, según la Fiscalía malagueña, ha asegurado ante el tribunal que lo juzga que nunca ha realizado un llamamiento al odio y a la discriminación y que él es solo un historiador.

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Condenado en Navarra a dos años de prisión por incitar en internet a asesinar judíos

 

 

 

 

 

 

La Audiencia Provincial de Navarra ha condenado a un hombre residente en la Comunidad foral a dos años de prisión y una multa de 720 euros por un discurso de odio al haber realizado llamamientos recurrentes, a través de un perfil de la red social Facebook, a la Guerra Santa, contra el Estado de Israel e incitando a asesinar a judíos. En alguno de esos llamamientos el autor pedía «dar fuerza a los combatientes y sembrar el terror en los corazones sionistas».

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La Justicia considera que Reinosa discrimina a Israel por su conflicto con Palestina

 

 

 

 

 

 

 

 

El Tribunal Supremo (TS) ha establecido que el Ayuntamiento cántabro de Reinosa hace «discriminación de terceros» y vulnera «derechos fundamentales» si se declara «espacio libre de apartheid israelí» y decide boicotear la contratación de empresas de Israel alegando que este país incumple el Derecho Internacional por su conflicto con Palestina.

El alto tribunal ha respaldado anular cuatro puntos del acuerdo alcanzado por el Consistorio de Reinosa en un pleno de julio de 2016.

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El Supremo ve discriminatorio las mociones locales de boicot a empresas de Israel

El Tribunal Supremo considera que los acuerdos de ayuntamientos para no suscribir convenios con instituciones israelíes ni contratar con empresas vinculadas con este país son discriminatorios y vulneran derechos fundamentales.

La Sala de lo Contencioso Administrativo ha fijado este criterio tras analizar el caso concreto de Ayuntamiento de Reinosa (Cantabria) que el 7 de julio de 2016 aprobó un acuerdo en el que se sumaba al movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones contra Israel (BDS) anunciando medidas concretas respecto a la relación hacia empresas e instituciones de este país.

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